El próximo congreso de la Sección XXII y las tareas educativas

Por Samael HERNÁNDEZ RUÍZ.

El día viernes 9 de diciembre se realizó una reunión entre la comisión política de la sección 22 y funcionarios sindicales del comité ejecutivo nacional del SNTE; en esa reunión trataron, entre otros temas, la autorización de la convocatoria del XXII congreso seccional extraordinario a realizarse los días 21 y 22 de enero de 2017. El día sábado 10 de diciembre, le fue entregada a la Comisión Política de la Sección 22 el primer borrador de la convocatoria. La asamblea estatal mixta del MDTEO realizada el día lunes 12 de diciembre de este año, analizó de dicho documento y orientará con ello la toma de decisiones.

El principal tema de negociación entre la S22 y el CEN del SNTE, será la estructura organizativa, ya que el SNTE no autorizará la actual  (Ver mi nota :https://samaelhernandezruiz.wordpress.com/2016/11/10/lla-seccion-xxii-del-snte-las-vias-del-conflicto/ ).

Uno de los  problemas que se plantea la dirigencia seccional es qué hará con sus instancias organizativas restantes, las que se mantenían gracias a la simbiosis con el IEEPO; el otro problema es el tema de  quién le pagará a los comisionados sindicales de Oaxaca.

Es poco probable que el SNTE acepte el planteamiento de la S22 de ampliar su organización sindical para dar cabida a toda la estructura del MDTEO, lo que hace previsible movilizaciones para obligar al gobernador del estado a que intervenga.

Un escenario posible sería aquel en el  que el gobierno del estado de Oaxaca dejara que la negociación entre el SNTE y la CNTE/S22, se desarrollara de acuerdo con la correlación de fuerzas durante enero-febrero, y en abril, hacer coincidir lo anterior con las mesas que exigirá la S22 para negociar sus peticiones laborales, económicas y políticas pendientes, inaugurando un nuevo ciclo de doble-negociación, pero en condiciones muy difíciles para el gobierno del estado, ya que ahora no cuenta con la herramienta del presupuesto para negociar.

La estrategia podría ser “armar” un solo paquete de negociaciones, de lo contrario, los gobiernos federal y estatal permitirían que el conflicto desarrollara una dinámica de escalamiento ( Movilización-Negociación-Movilización).

Otro escenario es que en efecto se realice el congreso en enero y se logre negociar la ampliación a medias, de la estructura organizativa sindical, gracias a una eventual intervención del gobernador.

Lo anterior lo verían los maestros como una intervención del Estado en asuntos internos del MDTEO y tensaría los conflictos al interior de la S22. Algunos grupos  han insistido en la urgencia del relevo sindical y han llegado incluso a plantear la negociación con los “charros” del SNTE para que autoricen la convocatoria (en esto coincide la actual dirigencia). Otros creen que el relevo es necesario, pero la autorización del congreso debe “arrancársele” a los “charros” y no aceptarla como una concesión.

En medio está la mayoría, a quien no le interesa mucho lo anterior y sólo se preocupa por la estabilidad en el empleo, la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios y sus prestaciones laborales; temas que no son menores.

Como he dicho, si el gobierno del estado interviene para facilitar la autorización de la convocatoria o intenta influir de algún modo en el pre congreso de la Sección 22, será interpretado por muchos grupos como una intromisión del Estado en los asuntos del movimiento y como favoritismo hacia alguna de las expresiones en su interior.

La experiencia muestra que cuando algo así sucede, como en el caso de Azael Santiago Chepi o antes, como el caso de Enrique Rueda Pacheco, la nueva dirigencia se radicaliza para despejar toda sombra de duda sobre su independencia política.

Más allá de lo anterior, la nueva dirigencia sindical tendrá una agenda muy cargada, en parte por los pendientes que le deja la que ahora sigue en funciones y en parte por los cambios introducidos por la reforma educativa. Respecto a esto último, los ajustes a la propuesta federal deben considerarse, no sólo porque conviene a los estados, sino al propio gobierno federal.

Sería largo enumerar las particularidades de Oaxaca mismas que, de no tomarse en cuenta, no sólo no podrán aplicarse las políticas de la reforma, además se incentivarán los conflictos. Tal podría ser el caso de los pretendidos ajustes a las escuelas rurales de organización incompleta y las unitarias. El número de estas últimas escuelas es muy alto en Oaxaca. Además, la forma en como históricamente se ha articulado la oferta en educación básica, dificulta que la demanda se satisfaga con la retención y los niveles de aprovechamientos que se esperan. En las anteriores circunstancias, volver a la política de la concentración de la demanda, complicará las cosas.

Modificar la orientación de la reforma educativa en lo inmediato es imposible, lo que sí se puede hacer es mejorar la distribución de los recursos humanos, para comprender el tema es necesario hacer algunas precisiones.

En la jerga educativa se denomina “estructura” de una escuela, al número de grupos existente por cada grado escolar que imparte. Esta “estructura” es el criterio para la asignación de los incrementos a las escuelas y para la asignación eficiente del personal.

En función de lo anterior, resulta urgente al menos ordenar la asignación de los recursos humanos existentes, de modo que las estructuras de las escuelas estén cubiertas al cien por ciento, pero que tampoco haya exceso de personal; el problema es que el IEEPO no cuenta con la información actualizada sobre dichas estructuras, de modo que ni siquiera puede hacer un plantilleo para saber si los recursos humanos están bien asignados o no, ya no digamos una redistribución eficiente de los mismos.

En cualquiera de los escenarios posibles, la negociación entre la S22 y el gobierno del estado debe pasar por el informe de las escuelas y centros de trabajo acerca de cuáles son sus actuales estructuras, el plantilleo del personal y la reasignación de los recursos humanos a las escuelas de acuerdo con las necesidades del servicio, y para todo eso, se requiere de que el gobierno del estado tenga control y responsabilidad en el sistema de pagos y se informe a la sociedad con transparencia.

Estas son, entre otras, algunas particularidades de Oaxaca que exigen modificaciones a la reforma, hay otras de las que me ocuparé en futuras colaboraciones y que afectan directamente a los escolares oaxaqueños.